FRANCISCO
VILLAR GALLARDO ABOGADO ALICANTE NEGLIGENCIAS MÉDICAS
Abogado Alicante | Negligencia médica |
Negligencia profesional | Negligencias | Alicante Abogado
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Así lo ha entendido la SENTENCIA DE LA SECCIÓN PRIMERA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL
SUPREMO, DE FECHA 13 DE MAYO DE 2011.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha estimado el recurso
interpuesto por la representación de una paciente frente a la Sentencia
que absolvía a los facultativos de la demanda por daños y perjuicios
sufridos tras una intervención quirúrgica del menisco izquierdo.
La paciente presentó demanda frente al facultativo responsable de la
operación y a su entidad de seguros de Responsabilidad Profesional en
reclamación de 180.000 euros, como consecuencia de una negligencia
médica en la realización de intervención quirúrgica del menisco
izquierdo.
La sentencia de Primera Instancia desestimó íntegramente la demanda
interpuesta, absolviendo a los demandados de las pretensiones
ejercitadas contra los mismos. Frente a esta resolución la parte
demandante interpuso Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial
que dictó Sentencia confirmando la de Primera Instancia concluyendo que
de la prueba practicada no se desprende la acreditación de nexo causal
entre las lesiones y secuelas sufridas por la paciente y la intervención
quirúrgica practicada por el profesional facultativo demandado, si bien
deja de manifiesto que la paciente prestó su consentimiento para un
tratamiento distinto del que había dado su autorización.
Así, si bien se determina que la praxis médica fue correcta y que no
existe nexo causal acreditado entre las lesiones y la práctica
quirúrgica lo cierto es que el alto tribunal considera probado que no
hubo consentimiento para realizar la intervención que se le practicó.
La operación que se propuso fue para la intervención de una concreta
patología consistente en comprobar un menisco dañado mediante
artroscopia( “menisectomía artroscópica”). En ningún caso seccionar y
extraer la plica mediales o interna y liberar el alerón o retináculo
rotuliano externo, que es la que se llevó finalmente a cabo una vez
comprobado que la operación programada era innecesaria por no estar
afectado el menisco.
Es decir, se produjo un cambio de cirugía en quirófano sin el
consentimiento previo de la paciente que lo había dado para una
intervención clínica distinta dentro de la cual autorizaba un posible
cambio de la técnica quirúrgica empleada, que nada tiene que ver con una
intervención diferente de la que había sido programada en razón de la
patología que se detectó en el momento de la operación y no en la fase
previa de diagnóstico, de la que no derivaba ningún riesgo inmediato y
grave para la integridad física o psíquica del enfermo que pudiera
justificarla.
La Sentencia del Tribunal Supremo concluye con la estimación del
recurso y la condena del facultativo y de su compañía aseguradora en la
cantidad de 30.000 euros entendiendo que: “Se trata de una intervención
que en ningún caso debió realizarse sin antes comprobar que la paciente
había sido previamente informado y que le ha generado un daño por el que
debe ser indemnizado. No es el daño que resulta de la intervención
programada puesto que no se produjo, sino el daño que resulta de la que
sí se llevó a cabo con la que no solo no logró mejorar sus dolencias en
la rodilla, sino que se le privó de conocer los riesgos y beneficios
posibles para su salud, puesto que ninguna información hubo respecto de
una actuación médica que desconocía.
Por tanto, la falta de información constituye en este caso un daño moral grave.
Otra cuestión relacionada con el consentimiento informado es si la actuación médica diligente pero sin el consentimiento informado genera para el paciente derecho a ser indemnizado.
La
acreditación de la obtención del consentimiento informado, según la doctrina
jurisprudencial, recae sobre el médico o centro sanitario, por razón de la
mejor posición que ocupan para demostrarlo. Así se ve tanto en la Sala Primera
(STS, 1ª, 12.1.2001, RJ 2001\3) como en la Sala Tercera (STS, 3ª, 4.4.2000; RJ
2000\3258- y, más recientemente, STS, 3ª, 18.1.2005 –RJ 2005\995-, que recoge
la doctrina establecida). Cuestión distinta es la relativa a demostrar que el
consentimiento informado se otorgó de manera correcta, es decir, conociendo los
riesgos, expectativas de éxito y tratamientos alternativos. La acreditación de
este hecho parece que debe recaer en el paciente.
Una
nota característica de la última jurisprudencia española sobre daños producidos
durante la asistencia sanitaria consiste en fundamentar las pretensiones
indemnizatorias en el hecho que el paciente no recibió la información necesaria
para madurar con suficiente conocimiento la decisión de someterse a una
concreta intervención, y no en la diligencia en la ejecución del acto médico
concreto.
· STS, 1ª,
15.11.2006 (RJ 2006\8059): ineficacia
de los documentos tipo para obtener el consentimiento debidamente informado del
paciente. Se requiere una información personalizada, que es incompatible con
los formularios tipo.
· STS, 1ª,
17.10.2001 (RJ 2001\8741): contagio de
VIH por transfusión sanguínea en el transcurso de un parto en agosto de 1985.
El Tribunal confirma la indemnización de 25 millones de pesetas establecida por
la Audiencia por la falta de consentimiento informado, pues la mujer no había
sido advertida de la posible transfusión ni de los peligros de contagio de
enfermedades por esta vía, así como de las alternativas posibles; en cambio, el
caso no trata si la actuación médica en sentido estricto fue o no diligente.
·
STS,
1ª, 8.9.2003 (RJ 2003\ 6065): Estíbaliz, tras ser intervenida para erradicarle un bocio
nodular, padeció una disfonía. El TS declara la responsabilidad médica dado el
deber del médico de de informar de los riesgos de la intervención a pesar de
que no existiera un tratamiento alternativo para la erradicación del bocio.
· STS,
3ª, 20.12.2004 (JUR 2005\88913): como consecuencia de una hernia discal, la paciente fue
intervenida en diversas ocasiones, presentando finalmente la enfermedad de Brown
Sequard. El TS declara la responsabilidad de la Administración sanitaria
por falta de consentimiento informado.
· STS,
8.2.2005 (RJ 2005\949): tras
someter a un paciente a una vasectomía, su mujer quedó embarazada y tuvo una
hija. Posteriormente, se realizó una nueva vasectomía y su esposa se volvió a
quedar embarazada, sufriendo esta vez un aborto. El TS declara la
responsabilidad contractual del médico por no informar al paciente de que la
operación no era infalible y de que era necesario que la pareja adoptara
mediadas anticonceptivas durante un periodo de tiempo prudencial.
· STS,
3ª, 9.5.2005 (RJ 2005\4902): indemnización por daño moral a una mujer a la que no se
informó de la posibilidad de volver a quedar embarazada tras una ligadura de
trompas. Tras someterse a dicha operación, se volvió a quedar embarazada y,
posteriormente, fue diagnosticada de espondolosíntesis y sufrió un
desprendimiento de retina. La acción de responsabilidad no puede entenderse
prescrita pues, pese haber transcurrido más de 1 año desde el nacimiento hasta
la reclamación en vía administrativa, ello se explica porque la actora entendió
que los trastornos físicos que sufría de manera sucesiva tras el parto eran
consecuencia de éste y del precedente embarazo. Por tanto, dado que la acción
se ejercitó dentro del plazo de 1 año a contar desde que se produjo el
desprendimiento de retina, la acción no habría prescrito. Por otro lado, la
existencia de información verbal se considera suficiente para entender que ha
habido consentimiento informado y la información no escrita invierte la carga
de la prueba contra la Administración. Finalmente, no ha quedado acreditado el
nexo causal entre el embarazo no deseado y las secuelas.
·
STS,
3ª, 22.6.2005 (RJ 2005\5323): responsabilidad de la Administración sanitaria por ausencia
de consentimiento informado en la realización de un TAC con contraste a una
paciente con graves patologías. Aunque el fallecimiento no fuera consecuencia
del TAC, el daño consistente en la creación de una situación de grave riesgo es
indemnizable.
·
STS,
1ª, 21.10.2005 (RJ 2005\8547): infracción del deber de información en intervención de
cirugía estética para eliminar unas pequeñas cicatrices en el rostro, con
riesgo muy improbable. Inexistencia de causalidad jurídica, bien porque se
entienda aplicable la exclusión en virtud del criterio de imputación objetiva
del riesgo general de la vida o porque la intervención no ha sido la causa
próxima o adecuada. Por otro lado, el deber de información no cubre los riesgos
muy remotos o inusuales, si bien se debe diferenciar entre los casos de medicina
asistencial y los de medicina satisfactiva a efectos de dicho deber. Así, en
medicina satisfactiva, el deber de información sólo se excluye para los riesgos
ignorados.
· STS,
1ª, 10.5.2006 (RJ 2006\2399): responsabilidad médica por omisión del deber de información
al paciente, aunque la operación que se iba a practicar era la única
alternativa de curación. A la hora de cuantificar el perjuicio, se debe tomar
en consideración, no sólo el carácter de la intervención sino el hecho de que
el riesgo que se afrontaba, aun previsible y posible, no era una consecuencia
necesaria de la misma y pudo concluirse de forma satisfactoria. Estas
circunstancias resultan relevantes para fundamentar una indemnización derivada
de la pérdida de oportunidad, bien porque la intervención no era ineludible y
necesaria, bien porque se privó al paciente de poder desistir de la misma, al
no presentarse como urgencia quirúrgica. Por otro lado, no resulta de
aplicación la responsabilidad del art. 1903 CC al centro médico que deja sus instalaciones,
pero su relación laboral o contractual con el médico causante.
· STS,
3ª, 26.10.2006 (RJ 2006\8020): inexistencia de responsabilidad de la Administración derivada
del fallecimiento de una paciente tras ser operada de un cáncer de páncreas que
no padecía. Prueba de que la paciente fue informada de los riesgos, la
intervención, etc. y de que prestó su consentimiento libre a la operación.
· STS,
1ª, 17.4.2007 (RJ 2007\3541): el deber de información del médico no tiene alcance universal
y no se extiende a los riesgos atípicos o extraordinarios.
· STS,
1ª, 23.5.2007 (RJ 2007\4667): embarazo de la esposa del demandante después de que éste se
sometiera a una vasectomía. Requisitos de la medicina satisfactiva o
voluntaria: “El deber de información en la medicina satisfactiva (...), en la
doctrina reiterada por la jurisprudencia de esta Sala y destacada por la parte
recurrente, debe ser una información objetiva, veraz, completa y asequible, y
comprende las posibilidades de fracaso de la intervención, es decir, el
pronóstico sobre la probabilidad del resultado, y también cualesquiera
secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos se puedan producir,
sean de carácter permanente o temporal, con independencia de su frecuencia”. En
el caso, la información fue completa y detallada.
·
SJPI
nº 10 Murcia 23.3.2007 (AC 2007\840): responsabilidad por la paraplejia a la que evolucionó la
parálisis reversible que sufría una menor a su ingreso hospitalario y que
sobrevino por no haber sido intervenida urgentemente.
· STSJNA,
3ª, 26.9.2007 (JUR 2008\86405): Requisitos de información para el consentimiento informado.
No se considera como tal el documento en que el paciente se limita a aceptar
una intervención, no constando información sobre su concreta dolencia ni sobre las consecuencias
directas que afecten a su personal situación.
·
STS,
1ª, 29.7.2008 (RJ 2008\4634): responsabilidad médica. La exigencia de constancia escrita de
la información al paciente es ad probationem.
· STS,
1ª, 21.1.2009 (RJ 2009\1481): la prestación escrita del consentimiento informado tiene
valor probatorio, pero no es condición del efecto jurídico propio del
consentimiento.
· STS,
1ª, 13.10.2009 (JUR 2009\435754): reconocimiento de la existencia de consentimiento informado
en operación ocular mediante láser. La constancia por escrito tiene carácter ad
probationem, y lo decisivo es la efectiva información al paciente y la
voluntariedad del mismo.
· STS,
3ª, 27.10.2009 (JUR 2009\451181): estrechamiento de la aorta como consecuencia de una
intervención quirúrgica. Existencia de consentimiento informado, pues se
informó de las posibles complicaciones y secuelas consiguientes.
·
SAN
10.3.2010 (JUR 2010\90756):
operación de ligadura de trompas. No hay responsabilidad médica ni de la
Administración sanitaria. La intervención fue conforme a la lex artis y
hubo consentimiento informado adecuado.
· SAP
Barcelona 23.12.2009 (AC 2010\708): indemnización de daños y perjuicios causados por un
tratamiento oncológico inadecuado. Consentimiento informado: la aplicación de
un tratamiento agresivo sin la debida información vulnera el deber de procurar
consentimiento informado y genera responsabilidad.
· STS,
3ª, 4.5.2010 (RJ 2010\4780):
responsabilidad médica por falta del consentimiento del paciente a una
intervención quirúrgica de clavícula.
· STS,
3ª, 23.3.2011 (RJ 2011\2512): infracción de la lex artis por falta de consentimiento
informado. Se indemnizan el daño moral y las secuelas de las intervención cuyo
consentimiento se omitió.
· STS,
3ª, 7.12.2011 (RJ 2012\145):
urgencia de la intervención como modulación al rigor de exigencia del
consentimiento informado.
· STS,
1ª, 16.2.2012 (Roj: STS 279/2012): falta de consentimiento informado. No es daño moral ni daño
por intervención defectuosa, sino daño por pérdida de oportunidad de haber
rechazado la intervención aconsejable médicamente. Se compensa con
indemnización probabilística en relación con el resultado dañoso de la
intervención. Responsabilidad de la aseguradora por el seguro de salud o
cobertura sanitaria.
Conviene advertir que en estos casos, la pretensión no se
fundamenta en la negligencia de la intervención médica, asistencial o
quirúrgica, sino en la imposibilidad de ejercicio por el paciente de su
autonomía privada. Ello aboca en dos problemas: por un lado, en si los casos de
actuación médica diligente pero sin el consentimiento informado han de ser
indemnizados; del otro, en la correcta cuantificación de la indemnización. La primera de las cuestiones tiene diferentes
tratamientos jurisprudenciales: mientras la Sala Primera permite su reparación
(STS, 1ª, 8.9.2003 –RJ 2003\6065), la Sala Tercera considera que ésta no es
necesariamente procedente (STS, 3ª, 26.2.2004 –RJ 2004\3889).
Francisco Villar Gallardo
Abogado Alicante
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FRANCISCO
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El pleno del Tribunal Constitucional ha considerado este martes inconstitucional el pago de un euro por receta en la Comunidad de Madrid porque dicha medida vulnera las competencias estatales en materia de sanidad, en una sentencia que remite a la que ya dictó el tribunal sobre este tema en Cataluña.
El pleno del Tribunal Constitucional ha considerado este martes inconstitucional el pago de un euro por receta en la Comunidad de Madrid porque dicha medida vulnera las competencias estatales en materia de sanidad, en una sentencia que remite a la que ya dictó el tribunal sobre este tema en Cataluña.